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TagsConstitution Labour Law Dignity Case Law Constitutional Right
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Page 1

EL DERECHO

LABORAL
EN LA JURISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Joel Rosas Alcántara

Presentac n
Jorge Toyama Miyagusuku

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E l D erecho L abor al en la j ur i sp rude nci a de l T ri buna l C onsti tuc i onal

9. Se advierte, de lo anotado, que la organización sindical recurre a la entidad demanda-
da en defecto de la existencia de una autoridad competente que le permita ejercer plena-
mente su derecho constitucional de libertad sindical, pues si bien la constitución orgánica
de un sindicato no necesita de autorización administrativa alguna, al ser un acto eminente-
mente voluntario y de naturaleza asociativa, la personería jurídica lo dota de la capacidad
legal necesaria para ejercer a plenitud los derechos de negociación colectiva y de huelga,
pudiendo ser adquirida solamente mediante el reconocimiento administrativo de la orga-
nización sindical. Tales afirmaciones quedan corroboradas con los documentos obrantes a
fojas 15 y 6 que, por un lado, demuestran que el registro de organizaciones sindicales de
servidores públicos no había sido creado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo y, por otro, que la organización sindical y la entidad municipal suscribieron y aproba-
ron el convenio colectivo de fecha 22 de octubre de 2002.
10. La Resolución de Concejo Nº 003-2003-MDCG que declara la nulidad de la Resolu-
ción Administrativa Nº 486-2002-MDCG restringe y limita el derecho de libertad sindi-
cal en la medida que le resta vocación de permanencia y continuidad a la organización sin-
dical la cual, luego del reconocimiento de su personería jurídica, no puede ser disuelta o
suspendida por vía administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 4 del Conve-
nio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y protec-
ción del derecho de sindicación, aplicable al derecho nacional según lo previsto por el ar-
tículo 55 de la Constitución.
11. Por último, debe precisarse que el derecho constitucional que se tutela, por su propia
naturaleza, tiene alcances sobre la organización sindical como ente colectivo y no sobre el
cuestionamiento de las relaciones individuales, cualquiera sea su naturaleza, que se pue-
dan haber generado entre sus miembros y la municipalidad demandada con posterioridad
a la expedición de la Resolución de Alcaldía Nº 486-2002-MDCG.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, inaplicable la Resolu-
ción de Concejo Nº 003-2003-MDCG.
2. Ordenar que que la demandada reconozca la personería jurídica de la organización sin-
dical demandante y de su junta directiva, debiendo remitir el acervo documentario perti-
nente al Ministerio de Trabajo y Promoción Social para los fines de ley, de conformidad
con la Disposición Final del Decreto Supremo Nº 003-2004-TR.
Publíquese y notifíquese.
SS. ALVA ORLANDINI; GONZALES OJEDA; GARCÍA TOMA

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Joel Rosas Alcántara

EXP. Nº 1806-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
ANÍBAL LEONCIO BALCÁZAR TORREJÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pro-
nuncia la siguiente sentencia
(…)
FUNDAMENTOS
1. La demanda tiene por objeto que se declare sin efecto legal la Resolución Presidencial
Regional N° 383-2002-CTAR-CAJ/PE, de fecha 15 de julio de 2002, mediante la cual se
declaró la nulidad de la Resolución de Gerencia Subregional N° 191-2002-CTAR-CAJ-
GSR-J; y de la N° 130-2002-CTAR-CAJGSR-JV, que dispuso el pago de los haberes rete-
nidos del recurrente desde el momento en que fue reincorporado.
2. La resolución cuestionada fundamenta su decisión en supuestas irregularidades en la
tramitación de la acción de cumplimiento que dispuso la reincorporación del recurrente, y
en que en la acción de cumplimiento no se ordenó el pago de los devengados, sino única-
mente la reincorporación.
3. Al respecto, es preciso señalar que no es posible, mediante una resolución administrati-
va, cuestionar la validez de una decisión jurisdiccional, máxime si esta es firme, tal como
consta a fojas 13 de autos en la resolución que declara consentida la sentencia expedida
en la acción de cumplimiento que dispone la reincorporación del accionante. Asimismo, la
Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece, en su artículo 10, que:
“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguien-
tes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expre-
sos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio admi-
nistrativo positivo, por los que se adquieren facultades, o derechos, cuando son contrarios
al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumple los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de in-
fracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”.
4. En tal sentido, la declaración de nulidad de oficio está limitada a las causas expresa-
mente señaladas por el artículo 10 la Ley N° 27444, las cuales no pueden ser ampliadas.
En consecuencia, la causa que se invocó para declarar la nulidad de la Resolución de Ge-
rencia Subregional N° 191-2002-CTAR-CAJ-GSR-J no está contemplada en las previstas
en el artículo 10 de la Ley N° 27444, por lo que tal proceder de la Administración vulne-
ra el debido proceso.
5. Si bien la sentencia estimatoria emitida en la acción de cumplimiento no dispone ex-
presamente el pago de las remuneraciones del recurrente, la Constitución Política vigen-
te, en sus artículos 23 y 24, respectivamente, prescribe que nadie está obligado a prestar
servicios sin retribución remunerativa, y que el trabajador tiene derecho a una remune-
ración equitativa y suficiente como contraprestación por el servicio brindado. Por consi-
guiente, al recurrente se le debe abonar sus remuneraciones desde el momento en que fue
reincorporado.

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