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UNA obra excelente para comprender el Derecho Administrativo de hoy, por sus cualidades didácticas: aquí se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de claridad, sencillez y exhaustividad,
prescindiendo de dogmatismos y centrándose en los elementos nucleares de cada
institución jurídica, pero sin renunciar a la calidad y al rigor. El texto se encuentra
enriquecido con numerosas figuras, cuadros y tablas, que facilitan la comprensión
de cada tema y permiten al lector captar de mejor modo la estructura y articulación
de los diferentes conceptos y materias; y se acude a los ejemplos y explicaciones
prácticas como parte consustancial de la exposición, para asimilar fácilmente cada
noción y visualizar su aplicación efectiva. Por todo ello, la obra resulta idónea para
el autoaprendizaje, tanto en el sistema ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos.

Añadida a su utilidad docente, esta obra representa un adecuado material
de consulta y referencia para el ejercicio profesional del Derecho, aportándose
en cada materia la jurisprudencia más significativa. Por su claridad expositiva es
apropiada para quienes preparan pruebas de acceso a los cuerpos de gestión de las
Administraciones Públicas, y contribuye además a facilitar la formación continua de
los profesionales que se relacionan frecuentemente con la Administración: graduados
sociales, gestores administrativos, asesores de empresas, etc.

Esta nueva edición introduce grandes cambios, derivados de las Leyes 39 y 40/2015,
que modifican numerosos aspectos de la legislación anterior, implantando además
la administración electrónica como medio preferente de la actuación administrativa.
Para la adecuada interpretación de estas Leyes se exige adquirir algunas nociones
de las tecnologías de la información y de la comunicación, sin cuyo conocimiento
resulta imposible entender el Derecho Administrativo contemporáneo; dado que los
autores son especialistas en administración electrónica, en este manual se exponen
esas nociones con plena solvencia, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis
y claridad característico de la obra, erigiéndose en un texto idóneo para comprender
cabalmente la nueva legislación administrativa. Todo ello ha llevado a reestructurar la
sistemática de esta obra, incluyendo un nuevo Tema 11 sobre elementos transversales
de la gestión y la relación jurídico-administrativa, en el que se aborda el régimen
general de la administración electrónica y se suministran los conocimientos técnicos
necesarios para comprender la nueva legislación administrativa; analizándose las
cuestiones específicas (validez de actos, notificaciones, etc.) a lo largo de los Temas
correspondientes del manual.

Además, y como en cada nueva edición, se ha procedido a la actualización de
todos los temas (bibliografía, jurisprudencia y legislación), con el característico
equilibrio entre síntesis y exhaustividad que caracteriza a esta obra.

ISBN 978-84-309-6991-3

9 7 8 8 4 3 0 9 6 9 9 1 3
1209953

www.tecnos.es

9788430969913

http://www.tecnos.es

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aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras
Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con
objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y
complete.

— Solicitudes conjuntas. La LPAC —art. 66.2— admite que cuando las preten­
siones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y funda­
mento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solici­
tud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan
otra cosa. En este caso, la LPAC —art. 7— establece que las actuaciones se efectua­
rán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su
defecto, con el que figure en primer término.

— Documentación complementaria y declaración responsable. Desde hace años,
algunas normas de ordenación de procedimientos especiales adoptaron el criterio de
sustituir la presentación de determinados documentos junto a la solicitud por un de­
claración responsable del solicitante (p. ej., Ley 38/2003 General de Subvenciones
—art. 23.4—). Este criterio se contempló ya con carácter general en la modificación
de la Ley 30/1992 introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y recogido
actualmente por la LPAC —art. 69.1— . Se entiende por «declaración responsable» el
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la docu­
mentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuan­
do le sea requerida, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los
que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y
precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán
requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cum­
plimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

Además, debe recordarse que en el caso acceso a las actividades de servicios su­
jetas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre y su ejercicio, las Adminis­
traciones no pueden exigir la presentación de documentos originales o copias com­
pulsadas de documentos emitidos por una autoridad competente, salvo en los casos
previstos por la normativa comunitaria, o justificados por motivos de orden público y
de seguridad pública —art. 17.3— .

1.3.2. Medios de presentación de la solicitud

Como nos consta, salvo que el solicitante esté obligado a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas —arts. 14 y 16.5—, la LPAC
—art. 16.4— dispone que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de
las Administraciones Públicas podrán presentarse a través de los medios siguientes:

— En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
Así, debe recordarse que cada Administración está obligada a disponer de un Registro
Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento
que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo
público o Entidad vinculado o dependiente a éstos —art. 16.1—. Pero la LPAC añade
«así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos» que

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TEMA 14: LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 475

tienen la consideración de Administraciones Públicas —art. 2,1 LPAC— . De este
modo, se ordena una intercomunicabilidad entre los registros electrónicos de todas
jaS Administraciones Públicas. Así, la LPAC —art. 16.4— establece que los registros
electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser plenamente
interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interco­
nexión, así como la transmisión telemática de los asientos regístrales y de los docu­
mentos que se presenten en cualquiera de los registros.

— En las oficinas de Correos. La LPAC dispone que se presentarán en la forma
que reglamentariamente se establezca. En este caso la entidad Correos (actualmente,
sociedad estatal) actúa en la condición de operador al que se le ha encomendado la
prestación del servicio postal universal. A este respecto, el RD 1.829/1999, de 3 de
diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los Servi­
cios Postales —art. 31—, ordena que las solicitudes, escritos y comunicaciones diri­
gidas a los órganos de las Administraciones Públicas deben presentarse en sobre
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se
quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el
lugar, la hora y el minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el
resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se ha­
gan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el
original, en la primera página de la copia del documento principal que se quiera en­
viar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél
ante el órgano administrativo competente. Practicadas las diligencias indicadas, el
propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo
de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. Los envíos aceptados por Correos,
siguiendo las formalidades indicadas, se considerarán debidamente presentados, a
efectos de la ley de procedimiento administrativo.

— En las oficinas de asistencia en materia de registros. Para ello, las Adminis­
traciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las
oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de docu­
mentos —art. 16.7— , así los días y el horario en el que deban permanecer abiertas
—art. 31.1—, incluyendo un directorio geográfico que permita al interesado identifi­
car la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio (Disp.
Adic. 4.a). No especifica la Ley si en este caso puede presentarse escritos dirigidos a
otras Administraciones Públicas.

1.3.3. Subsanación de defectos y mejora de la solicitud

— Subsanación. Si la solicitud no reúne los requisitos legalmente exigidos —in­
cluida la firma del solicitante— o no se acompaña de los documentos preceptivos la
LPAC no permite a la Administración a inadmitir de plano la recepción de la misma
(STS 4-2-2003 que fijó doctrina legal; STS 3011-2006, Rec. 4.980/2003). La Adminis­
tración está, por el contrario, obligada a requerir al solicitante que dispone —art. 68.1—
de un plazo de 10 días para subsanar la falta o acompañar los documentos precepti­
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición
—art. 21.1— . Este plazo de diez días podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco
días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los
documentos requeridos presente dificultades especiales, siempre que no se trate de pro­
cedimientos selectivos o de concurrencia competitiva —art. 68.2—. De aquí, la juris- ,
prudencia extrae que el deber de requerir a los interesados para que subsanen posibles

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comerciales» o falseen la competencia. Esta regla general tiene excepciones: así, el
propio Tratado declara compatibles con el mercado común una serie de ayudas (como
las de carácter social concedidas a consumidores individuales y las destinadas a repa­
rar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de
carácter excepcional), y admite que «podrán considerarse compatibles» otro tipo de
ayudas (como las destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las
que el nivel de vida sea anormalmente bajo; o las ayudas para promover la cultura y
la conservación del patrimonio). Diversas normas han regulado categorías de ayudas
compatibles con el mercado común; destacan el Reglamento (UE) n.° 651/2014, de la
Comisión, por el que se declaran categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior; y el Reglamento (UE) n.° 1407/2013, de la Comisión, relativo a las ayudas
de minimis, que en principio admite que una empresa pueda recibir hasta un máximo
de 200.000 euros de ayuda en tres años.

En la misma línea, las Administraciones nacionales pueden conceder ayudas para
el funcionamiento de los servicios públicos de interés general (véase Tema 26, § 4),
pues en este caso se interpretan como compensaciones por las obligaciones de ser­
vicio público que se imponen a los prestadores. La concurrencia de estos requisitos
se analiza con ocasión de un procedimiento de declaración de compatibilidad de las
ayudas con el mercado común, que es ejecutado directamente por la Administración
comunitaria (por la Comisión de la Comunidad Europea), a quien las autoridades na­
cionales deben comunicar cuantas ayudas públicas concedan.

Lo que se persigue, en definitiva, es evitar que un Estado miembro subvencione
empresas instaladas en su territorio que deberían desaparecer en aplicación de estric­
tos criterios de mercado: las empresas claramente inviables no deben ser mantenidas
artificiosamente por los poderes públicos mediante el constante otorgamiento de ayu­
das y subvenciones. En consecuencia, se vienen declarando compatibles con el mer­
cado común las ayudas y subvenciones que permiten procesos de reconversión indus­
trial y no aumentan la producción, pero no las que tienen un carácter meramente
subsistencialista y mantienen empresas deficitarias de manera artificial. En ocasio­
nes, la Comisión Europea ha declarado incompatibles ayudas concedidas por España;
algunos ejemplos relevantes son los asuntos relativos a las «vacaciones fiscales»
vascas, es decir, exenciones fiscales que se consideran ayudas (Sentencia TJUE de 13
de mayo de 2014, as. C-184/11), o la Ciudad de la Luz de Valencia (Sentencia de 3
de julio de 2014, as. T-319/12 y T-321/12).

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

A rpio Sa n ta c r u z , J. L.: Las ayudas públicas ante el Derecho europeo de la competencia, Aranzadi,
Pamplona, 2000.

Calvo Caravaca, A. L., y C arrascosa G o n z á l e z , J.: Mercado único y libre competencia en la Unión
Europea, Colex, Madrid, 2002.

D el B arco F e r n á n d e z -M o l in a , J., y Pa n iz o G arcía , A.: Comentarios prácticos a la nueva Ley Gene­
ral de Subvenciones, Lex Nova, Valladolid, 2004.

D ie z M o r en o , R: Manual de Derecho de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2001.
E stoa P é r e z , A.: El control de las ayudas de Estado, Iustel, M adrid, 2006.
F e r n á n d ez F arreres, G.: La subvención: concepto y régimen jurídico, IEF, Madrid, 1983.
— El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea, Civitas, Madrid, 1993.
— (dir.): Comentarios a la Ley General de Subvenciones, Civitas, Madrid, 2005.
Garcés Sa n a g u stín , M.: La actividad subvencional en el sector público español: revocación tegimen

sancionador y control, IEF, Madrid, 2001.

Page 938

TEMA 27: EL FOMENTO. LAS SUBVENCIONES 943

G arcés Sa n a g u stín , M., y Palomar O lm ed a , A. (coords.): Derecho de las subvenciones y ayudas pú­
blicas, Aranzadi-Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011.

García Luengo , J.: El reintegro de subvenciones, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011.
G im eno Fe l iu , J. M.: «Legalidad, transparencia, control y discrecionalidad en las medidas de fomento del

desarrollo económico (ayudas y subvenciones)», RAP, n.° 137 (1995), pp. 147 ss.
L ó pez E scudero , M. y otros: Derecho comunitario material, McGraw-Hill, Madrid, 2000.
L óprez R am ón , F. (coord.): Comentarios a la Ley General de Subvenciones, Tirant lo Blanch, Valen­

cia, 2005.
M a r t ín e z G in e r , L. A.: El reintegro de subvenciones públicas, Iustel, M adrid, 2006.
O r d ó n ez Solís , D.: Administraciones, ayudas de Estado y fondos europeos, Bosch, Barcelona, 2006.
Pascual G arcía , J.: Régimen jurídico de las subvenciones públicas, Ed. Boletín Oficial del Estado, Co­

lección Estudios Jurídicos, Madrid, 2008.
R egó B la n c o , M.a D.: «La discrecionalidad administrativa y su control en materia de subvenciones:

estudio jurisprudencial», Discrecionalidad administrativa y control judicial, Civitas, Madrid, 1996,
pp. 479 ss.

Sá n c h ez M o rón , M.: Subvenciones del Estado y Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 1990.

Similer Documents